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Foto: Congreso Mujeres de Izquierda Capítulo Caracas

Reconocimiento a la hermandad del pueblo colombo-venezolano, compromiso con el proceso de Paz en Colombia y elaboración de una agenda común para los movimientos de mujeres de ambas naciones, fueron parte de las conclusiones del Primer Congreso Binacional de Mujeres Por la Paz y la Vida (Colombia y Venezuela), realizado recientemente en el estado Táchira, occidente de Venezuela, y zona limítrofe de ambos países.

El evento, convocado por el Ministerio para la Mujer e Igualdad de Género del Gobierno venezolano, contó con la participación de organizaciones y movimientos sociales procedentes de Colombia y Venezuela. Durante su instalación se rindió homenaje a Dolores Vargas y Ana María Campos, dos mujeres icónicas en la lucha por la Independencia de ambos pueblos.

Durante su instalación, participaron como invitadas especiales la dirigente venezolana María León y Piedad Córdoba, lideresa colombiana destacada por sus acciones en función del proceso de Paz y la lucha por el respeto a los Derechos Humanos; el Gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora y su esposa Carla de Vielma, entre otras personalidades.

Como mecánica del encuentro se instalaron cinco mesas de trabajo, desde las cuales las participantes expusieron problemáticas referidas al uso de la zona compartida entre Colombia y Venezuela por factores de violencia como el narcotráfico, paramilitarismo y contrabando; particularmente asociados a la Guerra Económica contra la Revolución Bolivariana y el proceso de Paz con Justicia Social en Colombia.

Asimismo, se construyeron varios documentos, entre los cuales se encuentran la Declaración Política, un llamamiento por la Paz en Colombia y una proclama de solidaridad para con los pueblos atacados por el imperialismo estadounidense como Siria, Palestina, Yemen y todos aquellos que han sido invadidos y asolados por esta potencia americana.

En la Declaración Política, se exigió al Gobierno neogranadino de Juan Manuel Santos cumplir con los Acuerdos de La Habana y adelantar el proceso de implementación, tal como se acordó con el movimiento insurgente Farc-EP; sobre todo, en lo que respecta al control y castigo del paramilitarismo que ha venido cobrando vidas inocentes de dirigentes populares que trabajan en apoyo al proceso de Paz. Igualmente, se manifestó rechazo a “la permanencia de las bases militares estadounidenses” que ocupan el territorio colombiano; así como con el acuerdo de “cooperación con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan)”, por considerar que contradicen el desarrollo de un proceso democrático en Colombia y ponen a riesgo a los pueblos del continente.

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