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SU DESPACHO.-PALACIO NACIONAL.

Urgente.

Ciudadano Presidente:

Por la vía del coronel Portes del J2 del Ministerio de Defensa de la República Dominicana, en varias oportunidades recientes, he recibido la comunicación verbal sugiriéndome hacer entrega de las armas que me fueron asignadas para mi defensa personal en momentos específicos (frente a reiteradas amenazas y planes de muerte a cargo de fuerzas vinculadas a la CIA, a la reacción interna y al criminal régimen colombiano). Esas armas fueron autorizadas en momentos distintos por los presidentes Hipólito Mejía y Leonel Fernández en ocasión de intensos reclamos sociales a favor de la preservación de mi vida amenazada.

Mi respuesta precisa al referido oficial ha sido, que para tomar una decisión respecto a esa nueva actitud estatal, yo, mi familia y las organizaciones a que pertenezco, necesitamos contar con una carta formal de la Presidencia de la República y del Ministerio correspondiente, en la que conste tal determinación oficial y sus razones.

Las armas asignadas para mi protección cotidiana y para sucesivos momentos de altos riesgos, han estado siempre bajo mi estricto control personal y el tema ha sido tratado con la prudencia, ética y la moral que han caracterizado mi vida política y personal; esto ha sido así a lo largo de los últimos 15 años, con sus carnets-formularios renovados el pasado 4 de agosto del 2016, y sin que nunca se haya registrado incidente alguno que motiven el despojo ahora pretendido.

Nunca acepté, ni aceptaré, escolta policial o militar de los régimen es que adverso, sino el acompañamiento discrecional de camaradas de mi absoluta confianza.

Por eso, tan pronto ustedes procedan a formalizar por escrito, como gobierno de turno, esa petición, procederé a comunicarle, a la mayor brevedad posible, mi decisión final sobre este delicado asunto; previo necesario intercambio de mi parte con el entorno social y política al que me debo.

Atentamente,

Narciso Isa Conde.


26 de abril 2017, Santo Domingo, RD

Copia al MINISTERIO DE DEFENSA.


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Por: Narciso Isa Conde

Odebrech, con respaldo de Lula, exportó corrupción a otros países: sobornos, financiamientos y asesorías a candidaturas presidenciales escogidas por el PT a cambio de facilidades para lograr contratos altamente sobrevaluados y expandir capitales mafiosos.

Hilberto Silva, jefe de ese Departamento de Odebrech, confesó que esa corporación financió las campañas presidenciales del PLD del 2012 y 2016. En ambas actuó el binomio peledeísta Danilo-Margarita.

Marcelo Odebrech y Joao Santana confesaron que aquí se instaló el principal centro de distribución de sobornos y fondos de campañas, por las garantías que ofrecía el régimen para operar con impunidad.

Mónica Moura, esposa de Joao, dijo inicialmente algo parecido, para luego contradecirse jurando que en esas campañas no corrió el dinero de Odebrech.

Entre los políticos, funcionarios y empresarios brasileños involucrados en esa corruptela, muchos optaron por la “delación premiada”: informaciones sensibles a cambio de rebaja de penas.

Mónica tomó otro carril: prefirió el premio en oro sucio por mentir, luego de largas y fructíferas negociaciones soterradas.

Dicho esto, el Secretario General del PLD, con el Comité Político detrás, se autoproclamó juez supremo de la Nación y dictó una “sentencia histórica”; descargando sumariamente y festivamente al Presidente Medina en una escena de mal teatro.

A continuación -desplazado el escollo del juez Alejandro Vargas- el Procurador consiguió el juez adecuado para darle paso a un acuerdo que le garantiza a Odebrech impunidad y continuidad, a cambio de una multa de 184 millones de dólares, que apenas representa la onceaba parte de los dos mil millones sustraídos al país vía sobrevaluaciones de obras contratadas.

La desesperación que embarga al cogollo peledeísta lo lleva a desconectarse de realidades muy tozudas, que las mentiras compradas a Mónica no pueden anular: identificaciones de transferencias de fondos, rutas y destinos de sobornos, sobrevaluaciones, financiamientos espurios, ilegitimidad electoral y testimonios de los jefes de Mónica, incluido Joao. Igual explotará la podredumbre de la súper-oficina y empresas locales de la familia Santana conectadas a negocios y asesorías palaciegas.

Pero además, la prepotencia, cerrazón y descaro de la jefatura de la dictadura morada está reforzando la convicción colectiva de que el fin de la impunidad precisa del fin de instituciones, partidos y gobiernos que conforman este sistema putrefacto saturado de fechorías que desbordan con creces el caso Odebrech; lo que obliga a desistir de legalismos y electoralismos infecundos y a pensar en lograr desde la calles su reemplazo, apuntando hacia una Constituyente Soberana que posibilite su refundación.

23-O4-17, SD-RD

 

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Por: Narciso Isa Conde

¿Tiene pertinencia o no en República Dominicana la reflexión acerca de la necesidad de un nuevo Poder Constituyente? Veamos:

Después de la Asamblea Constituyente del 1944, la reunión como Asamblea Constituyente del Congreso electo en los comicios de diciembre de 1962, es lo políticamente más cercano al Poder Constituyente fundacional de la República Dominicana.

De esa Asamblea surgió la Constitución de 1963 que sustentó una nueva institucionalidad y una agenda en franca contradicción con un poder de facto (oligárquico, militar y pro-imperial), opuesto a las libertades, soberanía y reformas sociales consagradas en ella.

Esa contradicción determinó el golpe reaccionario del 1963 que derrocó el gobierno de Bosch y la Constitución de 1963, seguido en abril de 1965 del inicio triunfal de una revolución popular, democrática y soberana que asumió su restauración.

Sin embargo, la invasión militar de EEUU y la contrarrevolución consolidada meses después, reinstaló el viejo orden colonizador y represivo, obstruyendo por 50 años la transformación inconclusa.

Al día de hoy la resultante de esa recolonización ha sido neoliberalismo empobrecedor y lumpen capitalismo dependiente bajo una dictadura política y de clase sustentada en la Constitución del 2010, manipulada por las facciones dirigentes del PLD, “partido único de Estado” (más bien gran corporación mafiosa asociada a otras menores); carcomida por su creciente decadencia y putrefacción institucional, enfrentada recientemente a una especie de tsunami verde transformador.

Un sistema así, con una institucionalidad y un régimen de partidos generadores de auto-impunidad, obliga a hacerlo colapsar o dimitir mediante una movilización multitudinaria de la sociedad que procure establecer un régimen transitorio que convoque a una nueva Asamblea Constituyente Popular y Soberana.

Nos reta a crear un nuevo Poder Constituyente que opte por reemplazar un sistema de corrupción, impunidad y degradación ambiental negado a hacer justicia y cambios por la vía de sus instituciones y mecanismos electorales, todas bajo absoluto y pernicioso control de las fuerzas gobernantes.

Un Poder Constituyente, que una vez derrotado el carcomido régimen vigente mediante la democracia de calle, tenga como función básica establecer un orden político-institucional, económico-social-cultural basado en libertades, soberanía, justicia y dignidad humana.

Sería, en consecuencia, una Constituyente dedicada a superar la provisionalidad transitoria y a definir democráticamente la orientación de la refundación del país en dirección a conjurar la multi-crisis que estremece esta sociedad y a recrear la legitimidad institucional y el bienestar colectivo. Una Constituyente esencialmente programática.

Esta nueva lucha política precisa ver más allá de la curva. Necesita un Norte.

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Por Narciso Isa Conde

Hay sistemas judiciales que premian las delaciones de delitos y los señalamientos de otros/as culpables, con rebaja de penas. Así está establecido en Brasil.

Pero a Mónica Moura, la esposa de Joao Santana, le resultó mil veces más rentable acogerse a la premiación soterrada de sus mentiras y silencios cuando recientemente, frente a autoridades judiciales brasileñas, negó que ODEBRECH y otras empresas brasileñas financiaron las campañas presidenciales y vice-presidenciales de Danilo Medina y de Margarita Cedeño, esposa del ex -presidente Leonel Fernández.

No importa que en esta oportunidad dijera lo contrario a lo dicho en la ocasión anterior. Ni tampoco que sus recientes declaraciones -anunciadas previamente por unos de los voceros del presidente Medina, José Ramón Peralta- entrara en abierta contradicción con las ya ofrecidas por el procesado jefe del Departamento de Operaciones Estructuradas (sobornos y dádivas) de ODEBRECH, Hilberto Silva, o con la del propio Joao. Estos capos y sus parejas tienen una enorme cachaza para ejercer el descaro y para hacer negocio hasta con sus propias desgracias.

Mónica y Joao, de intermediarios de sobornos y financiamientos para “hacer” y asesorar presidentes, procurando a su vez contratos escandalosamente sobrevaluados a favor de ODEBRECH, han pasado a usar el poder de chantaje derivado de la delación premiada para convertirse en receptores privilegiados de jugosos sobornos posiblemente.

Tonto/a el que pueda pensar que las mentiras y los silencios de Mónica no se vendieron carísimos.

¿Cuánto fue el monto pagados por sus ex-socios del Palacio presidencial de la República Dominicana? Es temprano para conocerse, pero estén seguros/as que la suma fue bien elevada y el tinglado a desplegar montado con premeditación y alevosía.

Esto se combinó con la homologación del acuerdo de Odebrech a nivel judicial y con el show mediático escenificado en la reunión del Comité Político del PLD, punto de convergencia de las facciones mafiosas que integran la corporación morada que tutela el sistema de corrupción e impunidad que impera en el país, las cuales han pactado para intentar salvar el régimen y a los capos criollos que lo dirigen.

Pero una cosa piensa el burro…

Como el ladrón y el tramposo juzgan por su condición, Pared Pérez, Leonel, Margarita, Danilo y sus alcancías piensan que esta sociedad de las marchas verdes es capaz de aceptar pasivamente la “sentencia” de exculpación de la máxima figura del régimen teatralmente emitida por el Secretario General del partido, y de quedarse tranquila frente a los procesos manipulados por el Procurador General de la República y el propio Presidente de la República, en complicidad con tribunales vendidos, basados en testimonios y acuerdos evidentemente comprados a sus socios/as extranjeros/as aquí y allá.

Esto, por el contrario, podría reforzar y expandir la creciente convicción en amplios sectores de esta sociedad de que el fin de la impunidad es impensable mientras existan estas instituciones, este gobierno, este Estado, este sistema putrefacto; lo que obliga a pensar en cómo forzarlos a dimitir, de qué manera hacerlo y cómo y con cuáles mecanismos reemplazarlos.

Soy de los que pienso que hay dejarse ya de validar estas instituciones, de recurrir a ellas, de hacer propuestas disque para mejorarlas o reformarlas.

Hay que dejar de facilitarles ciertos “bajaderos” al gobierno actual y al presidente Medina, limitando los casos de una gran corrupción, que es múltiple, diversa, estructural, sistémica…; concentrándose excesivamente en ciertos aspectos del caso ODEBRECH y en ciertos funcionarios y auspiciando sanciones a culpables menores con motivos electoralistas.

Estamos frente a una dictadura institucionalizada, ilegítima e impregnada hasta el tuétano -y a todos los niveles- de corrupción; que a la vez estructuró un sistema de impunidad para proteger a sus facciones mafiosas y a los capos que las dirigen. Que no cede frente a reclamos justos, que está dispuesta a poner en práctica toda suerte de fechorías para perdurar lo más posible y proteger sus máximas figuras.

Y esto exige que el pueblo movilizado la acorrale y los acorrale, que siga con sus marchas en SFM, en Azua y en SPM. Que se disponga a realizar a seguida una enorme movilización nacional que parta de todas las regiones y provincias, en grandes columnas y caravanas, hacia la Capital también movilizada, procurando aplastar sus artimañas y debilitarlo mucho más de lo que está.

A este régimen y a estas instituciones, a las cúpulas de estos partidos podridos (PLD, PRD-PRM, PRSC y satélites) hay que decirles que no podrán gobernar el país, que es para fuera o para bajo que van, que ya su reinado mafioso se agotó, que hay que abrirle paso a una transición profundamente democrática y participativa, a un gobierno provisional que convoque una Constituyente Popular y Soberana para refundar las instituciones, el sistema y el proyecto de sociedad.

Esta crisis no es para simples iniciativas jurídicas, remiendos, recursos legales, comicios viciados. Ni para crear expectativas y/o legitimar investigaciones de la Procuraduría o de la Comisión de Agripino.

Menos aun para aceptar que nos entretengan con el fiasco de la ley de partidos o para convenir que el movimiento verde sea usado como trampolín para un 2020 con este régimen vigente, donde habrá de repetirse la misma historia que ha sido capaz de generar este sistema de partidos.

Todo eso es distracción, teatro, maniobras diversionistas de esos partidos, del congreso, de los grandes medios, del empresariado inescrupuloso.

Todo eso siempre ha sido manipulado y prostituido, y ahora lo será de nuevo. Los ladrones y saqueadores en el poder no van a hacer elecciones para ser reemplazados, ni procesos para ser ejemplarmente juzgado, ni normas para conjurar su festín de privilegios y corruptelas.

La MARCHA VERDE, en perspectiva, debe asumirse a sí mismo como un movimiento político y social diverso, no partidista; pero con vocación de crear contrapoder, de desmontar el poder constituido, de conformar un nuevo poder constituyente y de transformar el país; con disposición a unir fuerzas diferentes a las existentes en cuanto a Estado, partidos Gobierno y sistema político; con voluntad de ser alternativa a un sistema decadente, corrompido, sin credibilidad. Nada fácil, pero si posible y hay que atreverse, comenzando por debatir a fondo estos temas.

20-04-2017, Santo Domingo, RD.

 

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Por: Narciso Isa Conde


El tsunami verde es un movimiento político-social de amplísima diversidad y confluencias, cuya unidad y torrencialidad debe preservarse al compás de profundizar sus contenidos políticos y potenciar su crecimiento y capacidad confrontativa con el poder constituido.


Su presencia y creciente expansión en el escenario nacional crea una oportunidad no solo de conformar una fuerza de contra-poder, sino –si el avance de la conciencia popular y de los sectores medios menos conservadores lo permiten- de crear además una alternativa transformadora a esta institucionalidad decadente y putrefacta.


En su seno hay corrientes, que cónsona con la intuición popular más radical, contribuyen con esa posibilidad esperanzadora; y también existen corrientes que frenan su desarrollo cualitativo.


En ocasión de mi participación en la formidable marcha Santiago-Cibao pude apreciar un significativo divorcio entre lo que percibe en la actualidad y expresa en lenguaje sencillo gran parte del pueblo de “a pie”, y los planteamientos -a veces contradictorios- del MANIFIESTO que elaboraron los componentes del equipo encargado de esa tarea, leído el domingo 26 de marzo frente al Monumento a la Restauración de la República.


Sí, para mí no fue difícil apreciar un fuerte contraste entre la realidad que estamos enfrentando y las correspondientes respuestas que la misma exige, y las demandas concretas que se formularon en ese texto; la mayoría cargadas de la ilusión de crear una situación distinta simplemente demandándole reformas y mecanismos paralelos a los actuales autoridades e instituciones, y presionándolas con las movilizaciones para que acepten vigilantes “independientes” e “imparciales”, sin desmontar esta institucionalidad estatal-dictatorial y el este sistema político que la acompaña.


El país es una cosa y el poder establecido otra.


La sociedad dominicana está muy maltratada, pero no “deteriorada”.


En verdad esta sociedad “hastiada de sus saqueos y movilizada por sus derechos”, la sociedad dominicana que se expresa hoy participando y respaldando en altísimos porcentajes la Marcha Verde, como en buena medida se reconoce en ese y otros pronunciamientos, no está –repito- “deteriorada”, mucho menos “pervertida”. Ningún factor dominante tiene posibilidad de lograr tan nefasto propósito con un pueblo de las calidades del pueblo dominicano.


No le atribuyamos al país, a la nación, al pueblo –como hacen no pocos comunicadores y como se coló en ese texto- lo que es propio de la clase dominante-gobernante, del Estado, del gobierno vigente y del lumpen capitalismo que nos han impuesto.


Es el Estado y las elites dominantes lo que se han podrido, fenómeno que tiene un fuerte impacto en la perturbación y perversión de las funciones públicas y en la desarticulación creciente del ordenamiento colectivo.


El partido de gobierno y los componentes de la dictadura institucional que él ha creado son hoy los principales responsables, pero no los únicos culpables de la gran cantidad de fechorías denunciadas; muchas de ellas compartidas también en la historia reciente por el PRSC, PRD-PRM y la caterva de partiduchos sanguijuelas.


No se trata solo de la complicidad del gobierno y una “parte” de la “clase política” en ciertos escándalo de corrupción. Todos los partidos que han gobernados en diferentes niveles y periodos han sido agentes activos de la CORRUPCIÓN y sus dirigentes y empresas conexas han sido los grandes beneficiarios de ella.


Pero además nunca se debe obviar –como lamentablemente hace el Manifiesto comentado- la podredumbre impune que destilan cúpulas empresariales y militares del país, ni la corrupción que carcome las organizaciones corporativas y los cuerpos castrenses que tutelan.


Casos como los de la Barrick, Falcondo, Valle Nuevo, VICINI-Sansouci-Fonper, Bonetti-Antena Latina, Grupo Estrella-Odebrech, Grupo Estrella-García-Capellán-Agripino, así como connotados delitos ambientales, narco-delitos, narco-generales y narco-política, tienen rango para no ser silenciados; más cuando el pueblo indignado lo tiene muy presente.


Sin embargo, curiosamente, nunca son señalados como merecen en determinados comunicados, pues generalmente solo se hace referencia a los escándalos de Odebrech-Punta Catalina, Sun Land, Tucanos y a otros actos de corrupción patrocinados por el PLD; excluyendo a las mineras norteamericanas, a poderosos capitalistas criollos y a dirigentes políticos participantes de la corruptela empresarial y estatal enquistados en los partidos mencionados y conectadas con las operaciones del Estado.


El CONEP, la Asociación de Bancos, la Cámara Americana de Comercio y la Cámara Minera son madrigueras de grandes empresarios corruptos y corruptores que “invierten” en esos partidos y en sus gobiernos para multiplicar fortunas; mientras política, elecciones, seguridad y orden son concebidos como negocios y/o mecanismos de represalias ejecutadas desde gobiernos centrales, congresos, alcaldías, jefatura policiales y militares, DNCD, DNI instalados luego de la invasión estadounidense de 1965.


“Sociedad civil” de elites y sociedad civil popular.


En cuanto al rol que se le quiere atribuir a la cantaleteada “sociedad civil”, el tema merece distinciones: organizaciones empresariales participes y cómplices de variadas modalidades de corrupción e impunidad se consideran “sociedad civil”, así como cantidad de fundaciones y Ongs que o le hacen el juego a la impunidad o la combaten recibiendo financiamientos espurios y anidando en su seno personas y posiciones conservadoras que responden a intereses de potencias que persiguen manipular el tema a su favor y auspiciar cambios o reformas que poca cosas cambian cuando el sistema que ellas imponen entra en crisis.


Otra cosa son los movimientos sociales y ciudadanos independientes, autónomos. Las organizaciones populares, comunitarias, feministas, ambientalistas, juveniles, campesinas, obreras, sindicales, profesionales, gremiales y de capas intermedias… en lucha contra el gran capital y el Estado a su servicio. Las diversas fuerzas contestarías, el pueblo no partidista pero politizado en combate por su bienestar y las organizaciones de productores, comerciales y de servicio que pugnan por sobrevivir, tienen una connotación totalmente diferente.


Esa no es la sociedad civil de elites comprometidas con el status quo o plegadas a él, que ciertamente participa en espacio de poder y en mecanismos de decisiones.


Es otra cosa. Es la sociedad civil popular y de sectores medios que ha sido excluida y que carece, en consecuencia, de vías institucionales y medios políticos confiables para influir. Su rol es y será extra-institucional hasta tanto no se desmonte este sistema y se mande al basurero estas instituciones corrompidas y pervertidas por partidos y empresarios afines, que junto a sus mecanismos de reciclaje electoral (JCE-TSE y Sistema de Partidos) operan en contra de sus intereses y demandas.


En ese orden procede también superar ambigüedades y generalizaciones que confunden. Los roles deben ser precisados, así como lo que se reivindica hacia fuera y lo que se pacta hacia dentro del movimiento.


Demandas ilusorias.


En cuanto a las demandas contenidas en el Manifiesto comentado, es una tontería, -consciente o inconsciente asumida- pretender, sobre todo después del discurso del Presidente en la Asamblea Nacional, de la conformación de la Comisión de Agripino, del plan asignado al Procurador al servicio del Poder Ejecutivo para encubrir a los culpables, de las evidencias del contubernio del Leonel Fernández y Danilo Medina con la corruptela de ODEBRECH y otras similares, proponer remiendos institucionales y mecanismos paralelos “independientes” coexistentes con este Gobierno, este Congreso y este Estado.


De ante mano se sabe que ni Danilo Medina, ni Margarita Cedeño, ni el Congreso, ni el Comité Político del PLD (que lo controla y pudre todo), van a aceptar lo que se demanda en ese Manifiesto:


Una “reforma institucional que facilite una auditoria sobre la organización y las funciones de la Administración Pública y la reestructuración de la Cámara de Cuentas”.

 

La “instalación de un Observatorio que actúe con total independencia en las investigaciones, acusaciones y defensa del Estado en los procesos judiciales vinculados al caso Odebrecht”.

 

La creación de “una Fiscalía Especial General Contra la Corrupción y el Crimen Organizado, con autonomía funcional y presupuestaria para asegurar la persecución de los delitos de corrupción (administrativa y privada) y crimen organizado, con integrantes escogidos de manera transparente, sin la intervención del Poder Ejecutivo”.

 

Y en el caso de ODEBRECH no han aprobado ni van a aprobar “la suspensión inmediata de las operaciones de la firma internacional Odebrecht, la aplicación de las medidas cautelares correspondientes sobre sus bienes, inversiones y cuentas; un informe auditado de los pagos, contribuciones y aportes realizados por la firma internacional Odebrecht y sus socias locales a favor de las campañas electorales del Presidente Danilo Medina para los periodos electorales 2012 y 2016 y que sea presentado a la nación en un plazo de tres semanas a partir de este requerimiento ciudadano; la contratación de firmas internacionales de alta calificación para auditar los costos de todas las obras ejecutadas por ese cartel mafioso para determinar los montos de las sobrevaluaciones y exigir el pago mediante apremio judicial”, amén de que no se bebe confiar en las llamadas firmas internacionales de “alta calificación” vinculadas a los grandes capitales privado, existiendo capacidades criollas confiables.


Esta avalancha verde no debe ser reducida a una “fuerza social vigorosa que vigile el accionar de los partidos políticos y de la clase gobernante para que se sujeten a las obligaciones y deberes constitucionales, rindan cuentas y respondan por sus actos u omisiones”, sino fortalecida y ensanchada para desplazar esta partidocracia y esta clase gobernante, podridas e insoportables; y para crear un nuevo orden legal y constitucional.


Ni el poder ejecutivo, ni el legislativo, ni el judicial, ni el policial, ni el militar, ni el gran capital envuelto en esta podredumbre, van a aceptar reformas estructurales democráticas; ni mecanismos de investigación, fiscalización y sanción absolutamente independientes e imparciales, integrados por gente honesta e insobornable que los vigilen. Eso es pura “chachara”.


Eso es una fantasía. Nadie acepta cuchillo contra su garganta.


Esa gente ni renuncia ni cede en cosas que impliquen sus cargos, sus fortunas, su poder de decisión y su libertad. Hay que renunciarlos, hay que bajarlos de esas alturas, hay que investigarlos, procesarlos y trancarlos, quitándolo previamente el poder que detentan.


Bajarlos para trancarlos.


En el curso de la marcha cibaeña los carteles y representaciones más aplaudidas eran las que demandaban bajar a los gobernantes actuales del poder, trancar los políticos y empresarios corruptos, enjaular a Leonel, a Danilo y a Agripino, tirar al piso el régimen peledeista y echar al basurero a la partidocracia de todos los colores.


En este sistema institucional no hay nada que salvar. Ningún poder del Estado sirve. Hay que refundarlos TODOS.


Ni las mayorías civiles ni las militares y policiales podrán salir de las penurias, del reinado del abuso e impunidad y de las injusticias que padecen, mientras permanezca este orden constitucional y esta dictadura institucionalizada que sustenta y reproduce.


Hay que prepararse para una situación más dura y trascendente que posibilite cambiarlo todo.


Por eso procede elevar progresivamente los niveles de movilización y paralización del país hasta crearle una crisis de gobernabilidad, hasta inhabilitarlos y hacer colapsar las instituciones podridas que le sirven de guaridas y de mecanismos entrelazados para SU IMPUNIDAD, lo que es absolutamente posible si nos mantenemos firmes y unidos.


En perspectiva estas luchas estelares deben contemplar la salida menos traumática y menos destructiva, que es ponerle fin a este sistema institucional en descomposición, establecer un gobierno de transición democrática y organizar un proceso que instale una ASAMBLEA CONSTITUYENTE SOBERANA que permita debatir todas las alternativas.


Hay que mirar más allá de la curva y darle un Norte trascendente caribeño a estas luchas.


Esto merece ser discutido con tiempo y ecuanimidad, en el espíritu de incluir y lograr un gran consenso de una gran diversidad patriótica, popular y solidaria movilizada; dispuesta a permanecer unida en las calles –como positivamente concluyen y juran los autores/as de ese Manifiesto- “hasta lograr el fin de la impunidad y la corrupción”, que es a nuestro entender inseparable del fin de este régimen oprobioso.


27-03-2017, Santo Domingo, RD.

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