Por: Igor Giocovic

Las derechas que se oponían de manera rotunda al cambio constitucional hasta octubre de 2019, son hoy los que tienen el control del proceso constitucional.

Las recientes elecciones de consejeros constitucionales deben ser analizadas en el contexto del proceso político que se inauguró en noviembre de 2019, cuando las diferentes expresiones de la élite política sancionaron el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, a efectos de contener la protesta popular anticapitalista que amagaba no solo la estabilidad del gobierno de Piñera, sino el conjunto del sistema de dominación en Chile.

Efectivamente, dicho acuerdo, suscrito desde el Frente Amplio (FA) hasta la Unión Demócrata Independiente (UDI), les devolvió la iniciativa estratégica a las clases dominantes y logró redirigir el impulso popular de cambio hacia el escenario institucional. Todo ello en un contexto de profunda debilidad de las organizaciones sociales y políticas revolucionarias. Una debilidad que, a estas alturas, resulta endémica.

En ese sentido, la derrota del reformismo en el plebiscito constitucional de septiembre de 2022, evidenció tanto la debilidad política de los sectores que empujaron desde el “progresismo” el cambio de la Constitución, como las insuficiencias programáticas contenidas en el texto plebiscitado en esa oportunidad. Los énfasis culturalistas del texto derrotado y la renuncia a los cambios profundos en el modelo de dominación de clase enajenaron la adhesión de importantes sectores del mundo popular.

Sobrepasado por la derrota electoral de septiembre y por sus propias incapacidades en la gestión del gobierno, el reformismo, presionado sistemáticamente por los medios de comunicación al servicio de la burguesía, nuevamente cedió.

De esta manera, en marzo de 2023 se constituyó, tras un amplio acuerdo político, la Comisión de Expertos (24) cuyos integrantes, nominados por el Congreso Nacional, provenían de las filas de los diferentes partidos del sistema. Los expertos no eran otra cosa que la voz de las diferentes fracciones de la burguesía. Esta Comisión de Expertos se encuentra redactando, de espaldas a la ciudadanía (incluso en el más profundo secretismo), un borrador de texto constitucional que no modificará en lo sustancial el modelo económico o el régimen político.

Por otro lado, el énfasis puesto por los medios de comunicación en los problemas delictuales, en especial en aquellos protagonizados por inmigrantes, resituaron el campo de la discusión pública hacia la situación de seguridad. Los problemas asociados a salud, educación, pensiones, vivienda y salarios, desaparecieron de la agenda. De hecho, muy pocos se enteraron, en julio de 2022, que el INE informó que el salario medio en Chile continuaba estancado en los 457.690 pesos (580 dólares).

De esta manera, con un campo popular replegado sobre sus territorios, con una izquierda revolucionaria fragmentada y sin capacidad de incidir en la coyuntura política, con una opción reformista acorralada por sus nuevos aliados concertacionistas y con una derecha cada vez más vociferante y agresiva, se llegó a la elección de consejeros constitucionales del domingo 7 de mayo.

En esta nueva elección votaron 12.858.472 personas, lo que representa un 85% del total de electores (15.150.571), un porcentaje levemente inferior al 85.7% que participó en el plebiscito de septiembre de 2022. La obligatoriedad del voto y la reiteración de la amenaza de multas para quienes no sufragaban sin duda alguna incidió de manera importante en la masiva concurrencia a la “fiesta de la democracia”.

La distribución de la participación fue aleatoria. En las comunas de altos ingresos de la región Metropolitana, como Las Condes (76,4%) Vitacura (77,89%) y Lo Barnechea (83,09%), la participación continúa siendo alta, aunque baja respecto de la media nacional. Mientras que, en las comunas populares, que regularmente tienen bajas tasas de participación, en esta oportunidad la concurrencia a las urnas fue particularmente alta: La Pintana (86,77%), Pudahuel (88,43% y Puente Alto (89,08%).

Por otro lado, el voto nulo y el voto blanco también escalaron de forma importante. Los nulos llegaron al 16,98%, mientras que los blancos al 4,55%. Entre ambos se llegó al 21,53%. Así, considerando las abstenciones, los votos nulos y los votos blancos llegamos a un total de 4.980.077 personas que no expresaron mayor interés en el evento o en los candidatos. Es decir, un 32,87% de los electores permanecieron indiferentes frente al proceso. Pero cabe hacer algunas precisiones.

Muchos de los que no votaron en esta oportunidad lo hicieron por indiferencia frente al proceso político, y si bien esta manifestación es una forma de rechazo político, no es menos efectivo que se trata de un rechazo que no responde a un abstencionismo activo u orgánico, sino más bien a la prescindencia de lo político. Por otro lado, es importante indicar que muchas de las personas que se abstuvieron de votar concurrieron hasta las unidades policiales a justificar su ausencia del evento. No estamos en presencia, como creen ver algunos, de una actitud de rebeldía frente a la clase dirigente, sino más bien, en presencia de una creciente apatía política.

No obstante, los resultados de la elección de consejeros constitucionales arrojan resultados que van más allá de la coyuntura electoral. Por una parte, se hace evidente la extinción de la Democracia Cristiana (DC, 3,78%) y del Partido Radical (PR, 1,58%). Dos partidos veteranos que en esta últimas dos décadas han visto difuminarse sus “nichos” electorales. La adscripción confesional conservadora giró desde la DC hacia la UDI y más recientemente hacia Republicanos, mientras que la creciente laicización de la sociedad ha encontrado diferentes expresiones de representación pasando desde el Partido por la Democracia (PPD), hasta el Frente Amplio (FA).

También resulta interesante el declive de los partidos que integran la coalición Chile Vamos, fenómeno que se inició con la elección de los convencionales constituyentes de mayo de 2021 y que luego se extendió a la primera vuelta de la elección presidencial de noviembre de ese mismo año. Efectivamente, la coalición Chile Vamos que en esta oportunidad se presentó bajo la consigna Chile Seguro obtuvo solo un 21,07% de los votos, y partidos hasta hace poco hegemónicos en la política chilena, como la UDI, llegaron a sólo un 8,86% del electorado.

Es evidente que las organizaciones políticas que acompañaron a la Concertación en el largo ciclo de la democracia de los acuerdos interburgueses han experimentado un profundo desgaste, el mismo que se acentuó en el último período presidencial de Sebastián Piñera (2018-2022). Todo indica que Republicanos, con un 35,4% de adhesión, ha pasado a convertirse en el relevo de la derecha dictatorial.

Efectivamente, este partido, con un discurso que reivindica la conservación de la Constitución Política de 1980, la aplicación de medidas punitivas más severas contra el "mundo delictual" y contra la protesta popular y que se propone un mayor celo represivo con la migración, ha logrado interpretar no solo las expectativas de las élites económicas y sociales, sino que, incluso, el de amplios sectores del campo popular. De hecho, Republicanos obtuvo la primera mayoría electoral en 12 de las 16 regiones del país. Además, en 9 de esas 12 regiones, Republicanos obtuvo una votación superior a su propia media nacional (35,4%), siendo las regiones de Tarapacá (41,19%) y Bio Bío (43,34%), los nuevos bastiones de este referente.

Pero no debemos confundirnos. Republicanos no es ni una derecha más extrema y tampoco es una derecha fascista (en el sentido histórico del concepto). Es una derecha al servicio de la burguesía, tal y como lo han sido históricamente otras agrupaciones del mismo signo y como lo son sus pares de Chile Vamos. Efectivamente, la derecha en Chile ha sido históricamente conservadora y autoritaria.

Lo fue en el siglo XIX y comienzos del siglo XX, con conservadores y liberales; lo fue en el siglo XX con el Alessandrismo y el Ibañismo, e incluso presionó hacia el autoritarismo a los gobiernos reformistas del Frente Popular y de Eduardo Frei Montalva. Expresión de ello fueron las sucesivas matanzas de trabajadores a lo largo de la centuria pasada, todas ampliamente documentadas por la historiografía.

Esta misma derecha fue la que apoyó incondicionalmente la política represiva de la dictadura y artículo, con la Concertación de Partidos por la Democracia, una política de impunidad para los represores. Nunca ha existido en Chile una derecha democrática o liberal y las diferencias entre Republicanos y Chile Vamos se reducen a la intensidad y extensión de la política represiva. No existe una derecha “peor” a la que se debe contener, es el conjunto de la derecha, soporte fundamental de la burguesía, la que debe ser derrotada.

El escenario que se está configurando tiene al conjunto de la derecha (39 consejeros constitucionales), como administrador de los destinos institucionales del país. Es decir, quienes se oponían de manera rotunda al cambio constitucional hasta octubre de 2019, son hoy día los que tienen el control del proceso constitucional. Ello incluso les permite ser generosos con los vencidos y concederles algunas demandas menores en el plano de los derechos civiles y culturales.

El objetivo será sumarlos a la construcción de la “casa de todos” y, por esa vía, darle al texto constitucional la legitimidad política que debe tener en el plebiscito de salida (diciembre de 2023).

No sería extraño, siguiendo el razonamiento del 7 de mayo por la noche del Presidente Gabriel Boric, que la nueva carta constitucional articule competencias policiales cada vez más estrictas en materia de orden público y migración y que a su vez considere un marco de operaciones amplio para las inversiones de capital, locales y extranjeras, y en compensación le conceda al progresismo algunas migajas en materia de interculturalidad y equidad de género.

En definitiva, nada que amenace la acumulación de capital de la burguesía y, consecuente con ello, su capacidad de control y represión de la protesta popular.

observatoriocrisis.com

Fuente:https://www.lahaine.org/